Por: Carlos R. Altuna Tezanos
Al pasar a la honrosa posición de retiro como militar, recobré mis derechos y facultades constitucionales, vetadas a quienes sirven a la Patria bajo la profesión de las armas, y una de ellas, es la facultad de deliberar.
Derecho que aproveche para escribir artículos orientados a la seguridad y defensa nacional, gracias al espacio brindado por este prestigioso periódico, como manera de buscar incentivar y fortalecer una cultura de defensa, que erróneamente creemos es una cuestión exclusiva de los militares.
La cultura de defensa implica una conexión entre la población, sus estamentos económicos y políticos con sus fuerzas armadas, a fin de fortalecer la conciencia nacional cimentada en el conocimiento y valoración de su historia, cultura e idiosincrasia, engendrando un profundo compromiso con la nación, para juntos enfrentar los retos y amenazas que atenten en contra de la República.
Ante la indiferencia de los organismos multilaterales de seguridad y cooperación regional y mundial frente al caos existente en Haití, un Estado Fallido, sin lugar a duda.
Realidad predecible ante la indolencia exhibida por la comunidad internacional, que no parece interesarle ni buscar soluciones, como fue la reciente suspensión financiera para el sostenimiento de la fuerza policial extranjera desplegada en este país por parte de la administración Trump.
La disolución del Estado haitiano es una realidad. El fracaso del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y el control territorial asumido por los grupos armados sembrado el terror y anarquía, un escenario solo comparado a Ruanda, empuja a su desesperada población a abandonar Haití hacia nuestro país, que, no resiste esta desbordante y peligrosa inmigración, quienes sobrecargan y consumen los presupuestos destinados a los servicios de salud y educación, además de una inadmisible desnacionalización de la mano de obra.
La presencia masiva de haitianos ilegales en todo el territorio nacional forzó a la sociedad a levantar sus voces de protestas, que van desde Friusa-Matamosquito hasta el Altar de la Patria.
El gobierno reaccionó y se vio obligado a asumir 15 medidas a ser aplicadas a todos los ciudadanos que residen ilegalmente en el país.
De inmediato se escucharon las voces de los grupos, ONG pro-haitianas, Amnistía Internacional (AI) y hasta la ONU, exigiendo medidas al gobierno dejar sin efecto dichas.
Los gobiernos son elegidos para tomar y asumir decisiones en beneficio del interés nacional, facultad otorgada por la Constitución y el voto popular. El momento que vive nuestra nación nos indica, que no hay tiempo para recriminaciones, críticas banales ni oportunismo político.
Como ciudadano comprometido, pienso que es hora de aunar esfuerzos de quienes figuran en las páginas doradas de nuestra historia democrática, a quienes, Dios y la voluntad popular les permitió dirigir los destinos nacionales.
Hoy resulta imperativo, que Leonel Fernández Reyna, Hipólito Mejía Domínguez y Danilo Medina Sánchez, en su condición de exmandatarios, se reúnen con el presidente Luis Abinader, en un diálogo sincero de buenas voluntades, y hagan a un lado sus egos, apetecidos políticos y partidaristas, porque la salud de la nación así lo requiere.
Lo importante, es el claro mensaje al mundo de unidad nacional en torno a la problemática de la inmigración haitiana y sus nefastas consecuencias, que es la amenaza más peligrosa desde nuestra separación de Haití de 1844.
Es hora de que la carreta y los bueyes –sociedad y líderes políticos– caminen en la misma dirección, sin importar quién sea el cochero –presidente o gobierno– que la conduzca. ¡Todos Somos Uno!
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